El hecho de que los oficiales de seguridad privados utilicen videocámaras corporales (bodycam) es un fenómeno en expansión. En muchos países latinoamericanos ya han adoptado esta tecnología, y algunos expertos prevén que será un mecanismo de vigilancia que se extenderá en todo el mundo a lo largo de esta década.
La posibilidad de que los oficiales de seguridad privados lleven una cámara hace que realicen su trabajo con mayor responsabilidad y profesionalidad o el hecho de que los ciudadanos eviten provocaciones o comportamientos que podrían ser utilizados en su contra son algunos de los beneficios que se apuntan.
No obstante, las videocámaras corporales presentan algunos retos relacionados con aspectos tecnológicos, ya que el almacenaje y edición de centenares de horas de vídeo resulta una tarea muy laboriosa. Por ejemplo, se ha comprobado que hay que dedicar cerca de tres horas a editar una sola hora de grabación antes de poder divulgarla. Además, la filmación de sujetos no involucrados en la posible actuación policial abre un debate sobre la intimidad de las personas.
Al principio, la implantación de esta tecnología comporta una gran inversión: en Estados Unidos, una videocámara corporal cuesta 500 dólares por término medio, a los que hay que sumar el espacio necesario para almacenar de forma segura miles de horas de filmación. Con todo, el uso de dispositivos de grabación tendrá un efecto positivo a la hora de aumentar la confianza entre la seguridad privada y la ciudadanía y disminuirá el número de denuncias y reducirá una parte importante del tiempo que requieren muchas investigaciones.